Lo sucedido con la contaminación con sustancias tóxicas de medicamentos preparados en Laboratorios de la Caja de Seguro Social (CSS), es un hecho alarmante, quizás peor que la primera versión relacionada con el consumo de Lisinopril.
Los jarabes contaminados se distribuyen a asegurados de todas las edades y no sólo a un grupo de adultos mayores como era el caso del Lisinopril.
Sobre este caso hay mucha tela que cortar. Nos negamos a pensar que exista panameño capaz de contaminar de manera premeditada medicamentos y arrebatarle la vida a más de 20 panameños y poner en peligro a otros miles.
Frente a lo sucedido se impone una prolija investigación. El Ministerio Público debe conformar un equipo de primer nivel para esclarece lo sucedido.
Existen pocas opciones: que hubo mano criminal o la contaminación fue de manera accidental.
Al mismo tiempo lo sucedido debe servir de experiencia para mejorar los controles de calidad y de análisis de medicamentos y otros productos de consumo humano, para evitar que se registren nuevamente hechos lamentables como los que hoy vive el país.
Paralelamente, surge la obligación del Estado de proceder a la indemnización de los familiares de los asegurados que han fallecido a consecuencia del consumo de los medicamentos contaminados, eso y esclarecer todo lo sucedido, es lo menos que se puede hacer en honor a las víctimas.
De esta lección debemos aprender todos, pero, en especial, los que administran el sistema de Salud en el país, ya sea en ésta o en otras administraciones de gobierno. Tenemos que comprometernos con salvaguardar la salud de cada uno de los panameños, ricos y pobres.