Hace unos años funcionaban en el interior de la República las farmacias comunitarias, que vendían medicamentos de bajo costo a personas de escasos recursos económicos. Estas empresas eran administradas por los Comités de Salud y desempeñaban una función social de primer orden en la economía de la gente que menos tiene.
Con la llegada de la libre oferta y demanda, estas empresas mixtas dejaron de funcionar produciendo un vacío en el ámbito de la maltrecha economía de los más pobres que por sus limitaciones económicas acudían allí a comprar sus medicinas.
En La Chorrera funcionó uno de esos establecimientos que de un momento a otro, y sin explicaciones, cerró sus puertas. El local de propiedad municipal, donde operó este negocio es ahora un viejo caserón abandonado donde está la piquera de los buses de Cerro Cama, en la Calle Baldomero González.
¿Qué intereses económicos dieron al traste con esta clase de iniciativa dirigida a darles por lo menos una esperanza de vida a los más pobres? ¿Qué relación existió entre las autoridades de salud y las farmacias privadas interesadas en un mercado tan deprimido para clausurar estas empresas?
Hoy, a medida que los productos de la canasta básica encarecen, el presupuesto familiar tiende a disminuir en sus diferentes renglones, entiéndase educación, salud, transporte y vivienda, mientras que las necesidades siguen siendo las mismas.
No hay duda que en este mundo de oferta y demanda, quienes tienen capacidad adquisitiva suficiente no perciben las alzas en los precios, pero en cambio la población con menos poder de compra observa impávida como las posibilidades de mejorar su calidad de vida se alejan sustancialmente.
Alguien debe hacer algo para detener a esos mercaderes de la salud, que, ávidos de dinero, se han sumado a la pléyade de intermediarios que galopa sobre la espalda de este país sin Dios ni Ley, cual jinetes del Apocalipsis.
