El presidente Martín Torrijos, luego de recibir ayer el informe final de la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia, aseguró que el proceso para escoger los próximos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) "será de manera más participativa y consultada ampliamente".
Torrijos dijo estar seguro que con el informe entregado "se ha dado un gran paso" para la solución de "una crisis que existe" dentro del sistema de justicia, por lo que reiteró el compromiso de implementar "una reforma integral del sistema de justicia".
El gobernante admitió estar dispuesto a impulsar "una carrera judicial, con un sistema de evaluación de desempeño, de selección y capacitación de funcionarios" y afirmó que el sistema de selección de los magistrados debe "constituir un ejemplo" en el logro de este objetivo.
Torrijos de igual forma se pronunció a favor de una reforma integral que todos los estamentos y sostuvo que se encuentra receptivo para llevar a cabo una consulta amplia, con todas las fuerzas políticas y sociales. Indicó que el documento aboga por la apertura de juzgados de paz en reemplazo de los corregidores, la creación de una policía criminológica, la agilización de los procesos y la propuesta de presentar en tres meses, un proyecto de Ley que reforme el actual Código Penal.
Por su parte, el procurador de la Administración, Oscar Ceville, indicó que el documento entregado se constituye en "una oportunidad singular de estos 100 años de República", para poder lograr, diseñar y hacer realidad una reforma integral del sistema de hacer justicia.
El informe se sustenta en 5 ejes principales de los cuales incluyen recomendaciones y 27 propuestas distintas, cada una con objetivos definidos, resultados esperados y períodos para ser ejecutados y los organismos responsables para su implementación.
Entre las recomendaciones se incluyen reformas judiciales y constitucionales para la creación de Consejo de la Judicatura como máximo organismo administrativo del �rgano Judicial, la designación de los magistrados de la Corte y de los procuradores de la Nación y la Administración, y la autonomía financiera y presupuestaria del �rgano Judicial y del Ministerio Público.