La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia condenó a la Policía Nacional a indemnizar, con 25 mil dólares, a José Issac Delgado Castillo por los daños y perjuicios causados por la acción del cabo segundo Antonio Barría.
La Sala Tercera estima que la responsabilidad de la Policía Nacional se encuentra debidamente acreditada toda vez que consta que el menor (en ese entonces) José Delgado recibió una herida de proyectil en el talón del pie derecho, lo que le ocasionó una incapacidad de seis meses, y que tal lesión le fue ocasionada por la acción del agente de Policía Nacional en un despliegue de fuerza innecesario.
Ese suceso ocurrió el 3 de agosto de 2002, durante operativo policial de profilaxis social en el barrio Los Ángeles, Puerto Armuelles, provincia de Chiriquí.
