Muchos funcionarios no han cumplido con su obligación de presentar su Declaración Jurada de Estado Patrimonial, tal como los obliga la Carta Magna y la Ley 59 de 12 diciembre de 1999.
Un poco más de 400 altos cargos del gobierno, de los 1,595 obligados a rendir esa declaración, han acatado esa obligación.
¿Qué esconden? Sepa Dios. Pero la Contraloría debe suspender el pago de los salarios a esos servidores del Estado, que incumplen la Constitución y la ley.
Hay que reconocer que el mandatario Martín Torrijos cumplió esa obligación hace un año, es decir el 14 de septiembre de 2004 ante la Notaría Primera.
Sin embargo, resulta contradictorio que la opinión pública no pueda tener acceso a esa información. La declaración de bienes a la entrada y salida del engranaje gubernamental, es uno de los mecanismos para frenar posibles casos de corrupción en el ejercicio del cargo.
Si no se conoce con anterioridad la declaración de un alto cargo, ¿cómo la opinión pública puede ejercer su función fiscalizadora?
Lo que se alega que el revelar detalles de la fortuna de un funcionario puede motivar actos delictivos contra el servidor, es cuento de camino. La nación panameña es chiquita y se sabe quién es quién.
Lo prudente es revelar dichas declaraciones, lo que seria coherente con la política de transparencia que prometió en campaña la hoy gobernante alianza Patria Nueva.