La Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua (CPDH) está analizando acusar al ex presidente Daniel Ortega ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, por "crímenes de lesa humanidad y genocidio".
En declaraciones que publicó el diario "La Prensa" de Managua, el secretario ejecutivo de la CPDH, Marcos Carmona, confirmó esas gestiones y dijo que estos delitos supuestamente fueron cometidos en los años ochenta contra comunidades indígenas asentadas en el Caribe de Nicaragua.
Ortega es candidato presidencial por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para las elecciones generales del 5 de noviembre próximo y lidera la intención de votos desde mayo pasado, según las encuestas.
Un equipo de abogados de la CPDH, con el apoyo de expertos penales del extranjero, han sostenido reuniones con el fin de preparar el caso contra Ortega; el ex jefe del Ejército Popular Sandinista, Humberto Ortega; y el ex ministro del Interior, Tomás Borge.
Carmona confirmó que las reuniones entre abogados de la CPDH y expertos "amigos internacionales" de ese organismo, se han realizado con el fin de analizar las posibilidades de denunciar a Ortega ante la CIDH.
Marcos Carmona, director ejecutivo de uno de los organismos privados que tutelan los derechos humanos en Nicaragua, negó que existan vínculos del caso con personal de la Embajada de Estados Unidos o algún otro país en la preparación de la denuncia.
"Los abogados nacionales y extranjeros están analizando la ruta crítica del caso, elaborando un plan de acción no sólo ante la CIDH sino que también ante el juez español Baltazar Garzón", dijo Carmona al diario local.
Según el secretario ejecutivo de la CPDH, la decisión de buscar fuera de los tribunales nicaragüenses un juicio contra Ortega, se basa en que, a su juicio, la acusación que interpusieron ante el Ministerio Público en junio pasado, no prosperará por "motivaciones políticas y personales" del fiscal general, Julio Centeno Gómez.
La CPDH denunció a Ortega y demás personas por crímenes de lesa humanidad y genocidio en perjuicio de varias comunidades indígenas asentadas en las riberas del río Coco, en la selvática Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN).
Los hechos, según la denuncia, ocurrieron entre 1981 y 1982, durante operativos militares del Ejército sandinista que habrían dejado 64 personas muertas, 13 torturados, 15 desaparecidos y miles de desplazados y apresados en campamentos bajo vigilancia militar del Ejército.
El diario señala que el fiscal aludido, Julio Centeno Gómez, rechazó las observaciones de Carmona.
"Estamos hablando de un hecho que ocurrió hace 27 años y no vamos a resolverlo en 40 días", dijo Centeno.
FORCEJEO DIPLOMÁTICO
Estados Unidos ha llamado a los políticos en Nicaragua a no respaldar la candidatura del socialista Daniel Ortega, pues es aliado de Cuba y Venezuela, enemigos de Washington.
