Los gremios empresariales ya han puesto el grito el cielo, por los constantes tranques ocasionados por manifestantes, lo cual genera pérdidas diarias de millón y medio de dólares.
Con una ciudad con sus calles trancadas, los potenciales compradores prefieren quedarse en sus casas y no padecer del infernal tráfico en las principales avenidas, el cual se complica además con las reparaciones que se están desarrollando en varios puntos de Panamá, Colón y San Miguelito.
Un recorrido que bien se puede en 15 minutos le toma ahora a cualquier conductor una hora y más, con la consecuente pérdida de tiempo y gasto excesivo de un combustible, cuyos precios andan por las nubes.
Con las vías cerradas todos pierden. Deja de ganar el comerciante, el hombre humilde dedicado a la economía informal, el transportista y el ciudadano común que no puede trasladarse de un lado a otro para cumplir sus diligencias.
Al final de cuentas surge la pregunta, porqué el resto de la población debe pagar el pato de un conflicto entre el gobierno y los docentes y los funcionarios de la Caja de Seguro Social.
Las protestas se deben realizar sin afectar el derecho de terceros o en todo caso en las instituciones, donde laboran los funcionarios que están reclamando alguna conquista y no fregar al resto de la sociedad.