Todos los candidatos y precandidatos pregonan transparencia, pero ninguno de los que aspiran a la Presidencia de la República ha autorizado la publicación de la lista de sus donantes y el monto de las aportaciones que recibe.
La legislación apenas establece que la identidad de los donantes puede ser conocida por el Tribunal Electoral, que la manejará confidencialmente y sólo podrá entregar el listado a requerimiento del Organo Judicial o el Ministerio Público.
En la práctica sólo se busca evitar la infiltración de dinero del narcotráfico en las campañas políticas, situación que para ser realista tampoco se previene la remisión del listado a la Corporación Electoral, porque un narcotraficante conocido difícilmente entregaría una donación de manera directa.
Así las cosas, a menos que los candidatos lo decidan unilateralmente, las fuentes de financiamiento de las campañas del 2009, no se podrán conocer. Hace poco el precandidato presidencial del PRD, Laurentino Cortizo expresó su temor, de que con esos aportes, el futuro mandatario de Panamá llegue al Palacio de Las Garzas empeñado al grupo que lo respalda económicamente.
Su advertencia es válida, tomando en cuenta los millones que se invierten desde ya en las primarias de los diversos partidos tanto del oficialismo como de la oposición. El tema debe ser regulado adecuadamente y fijar topes, sobre todo, porque ya el Estado financia a los partidos políticos con el 1% de los ingresos del Gobierno Central.
Los políticos tienen ahora la palabra. Una forma de mandar un mensaje de la transparencia que caracterizará a su futuro gobierno será publicando voluntariamente esa información para conocimiento de los electores.