El gobierno entrante ha reconocido que uno de los problemas prioritarios que debe abordar en el primer trimestre de gestión es la crisis de la Caja de Seguro Social (CSS).
Con un déficit operativo en tres de sus cuatro programas, pero que se hace más grave en el de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), que enfrenta una crisis actuarial, la CSS está a punto de colapsar.
El desplome de la institución de seguridad social implicaría en la práctica la quiebra de la economía del país. El Seguro Social representa el 20 por ciento del presupuesto anual del sector público.
Además, la crisis representaría dejar de pagar las pensiones y jubilaciones, así como no poder atender los asegurados y beneficiarios que cada día acuden a los hospitales y policlínicas del Seguro Social.
Sin duda que algo así provocaría un estallido social en el país, que ningún gobierno puede frenar y amenazaría la estabilidad de las instituciones democráticas.
La mayoría de los sectores reconocen la magnitud de la crisis, pero pocos se atreven a reconocer en público que el problema requiere medidas antipopulares.
El futuro gobierno perredista tiene como ventaja el mantener mejores relaciones con las centrales obreras, que en todo caso, son las que deben liderar las protestas contra cualquier propuesta que involucre recortar los beneficios de los asegurados, aumentar la edad de jubilación o incrementar la cuota que cada mes se les descuenta a los trabajadores.
La tarea no será fácil, pero es mejor tomarse el purgante lo más pronto posible, para evitar que el mal siga profundizándose.
Ojalá que en la dirigencia de los diversos sectores del país exista la madurez necesaria para comprender que la prioritario es salvar al Seguro Social.