Al parecer el caso Cemis, considerado el mayor escándalo de corrupción y supuesto pago de sobornos y en donde la clase política panameña fue sentada en el banquillo de los acusados, seguirá durmiendo el "sueño de los justos".
Lo anterior se evidencia, pues el Juzgado Décimo Sexto Penal declinó al Juzgado Municipal Penal del distrito de Panamá, el conocimiento de una denuncia presentada ante el Ministerio Público por el abogado Neftalí Isaac Jaén Melamed en contra de Liborio García Correa.
"La presente encuesta penal tiene su génesis en la denuncia presentada" por el jurista Jaén Melamed, quien narra en entrevista publicada el 16 de abril de 2006" en este diario, Correa "afirmó conocer muchos secretos relacionados con el caso CEMIS".
Jaén Melamed considera "que Liborio podría contribuir al esclarecimiento de los hechos denunciados por el diputado Carlos "Tito" Afú, en particular por tratarse, en su opinión, del mayor escándalo jurídico político suscitado en nuestro país en los últimos años".
Pero, "la Fiscalía Novena, mediante vista fiscal No.451 de 29 de junio de 2007, solicita se decline el conocimiento de la presente sumaria a la esfera municipal penal".
"Como quiera que la pena máxima señalada para este delito no supera los dos años de prisión, compartimos la opinión del Ministerio Público de declinar la competencia del presente negocio a la esfera municipal penal del distrito de Panamá, en turno, por razones de conocimiento", señaló el juez décimo sexto, Eduardo De La Torre.
Hace dos años y medio, Rigoberto González Montenegro, Secretario General del Ministerio Público, en compañía de varios colaboradores asistió a la Corte Suprema de Justicia para pedir formal reapertura del controversial caso.
González llevó un documento, firmado por la Procuradora Ana Matilde Gómez, donde señalaba en parte "que se declare la nulidad de la resolución de 22 de febrero de 2002 emitida por el entonces procurador José Antonio Sossa, por la que dispuso la acumulación de los sumarios iniciados a raíz de las declaraciones expresadas por Carlos Afú Decerega, en el sentido de haber recibido dinero para la ratificación del Centro Multimodal de Colón.
Gómez pidió en el documento, que se comisione "como agente de instrucción de las respectivas investigaciones".
De conformidad con el numeral 3 del artículo 206 de la constitución política, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia "investigar y procesar a los diputados", para lo cual el Pleno deberá comisionar a un agente de instrucción.
