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El departamento de asesoría de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa cuestionó el veto de la ley que reorganiza el sistema penitenciario y aclaró que los artículos señalados por el Ejecutivo como inexequibles no riñen con lo estipulado en la Constitución.
Los abogados del legislativo detallan que las objeciones no aluden a materia de fondo, sino más bien a temas de redacción que pueden mejorarse para evitar confusiones y enfrentamientos con disposiciones constitucionales.
La mandataria objetó los artículos 22 y 32 de la ley que reorganiza el Sistema Penitenciario que pretendía otorgarle al director del sistema carcelario funciones de conceder permisos de salidas especiales tendientes a lograr la reinserción social del privado de libertad y el que creaba la carrera penitenciaria a cargo del ministerio de Gobierno y Justicia.
Asesoría legal de la CDH establece que la materia sobre permisos especiales ya existe en la legislación vigente y se aplica en nuestro sistema carcelario en calidad de permisos laborales, permisos especiales que en definitiva no son rebaja de pena, ni tampoco indulto.
En el caso de la carrera penitenciaria, los abogados de la Asamblea reconocen que pudo haber una especie de confusión "idiomática" al considerarse que la palabra "reglamentada" excluye a la ley.
Sostiene el informe de objeción al veto presidencial que el Ejecutivo pudo haber indicado, al momento de la sanción de la ley, que la reglamentación de la carrera deberá constar por ley y sobre eso no existe objeción, por lo que el artículo era salvable. |
