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Las familias asentadas realizan una actividad agrícola en las tierras y existe un grupo de personas que requieren de terrenos para solucionar el problema habitacional, por lo que Reforma Agraria debe tomar la decisión. Foto Alcides R.  |
El ex ministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Sousa Lennox, negó que en las ventas de las 120 hectáreas de terrenos del Asentamiento Unión Campesina de Burunga, distrito de Arraiján, se cometieron irregularidades en el precio establecido en la transacción con la empresa privada favorecida.
Lennox señaló que se cumplieron con todos los procedimientos legales en el valor de las tierras otorgadas a través de avalúos, por el cual existían dos componentes básicos en lo referente a las compras de las tierras del Estado y otros aspectos, lo que representaba las mejoras.
Indicó que el departamento de Reforma Agraria no ha sabido explicar el procedimiento establecido, evidenciando la falta de consistencia para resolver el conflicto sobre las tierras, lo cual lo ha remontado al pasado cuando la transacción de las tierras se vendieron bajo normas claras.
Manifestó que el gobierno por lo general ha querido excusarse de todos los pormenores para ocultar su incapacidad de solucionar los problemas del país, no solamente en el sector agropecuario, sino también en el sector económico, donde ha sido evidente la falta de iniciativa y creatividad para brindar respuestas concretas.
Reiteró que las familias asentadas realizan una actividad agrícola en las tierras y existe un grupo de personas que requieren de terrenos para solucionar el problema habitacional, por lo que Reforma Agraria debe tomar la decisión en beneficio de cada una de las partes involucradas del valor de la propiedad y el derecho posesorio de quien lo posea, al igual que la oportunidad de terrenos para los que reclaman tierras para vivienda.
Reiteró que existen los mecanismos mediante las entidades públicas del gobierno, el Ministerio de Vivienda (MIVI) Reforma Agraria y sobre todo las atribuciones del Ejecutivo como ente mediador al conflicto donde se debe analizar si se mantiene en vigencia la actividad agrícola, de acuerdo con un derecho posesorio de años, con la finalidad de no afectar la seguridad jurídica del país.
Agregó que el gobierno central tiene todos los recursos disponibles para resolver el problema tanto de tierras y programas desarrollados por la administración anterior en el MIVI y en otras entidades públicas, pero no han demostrado capacidad para brindar soluciones. |
