En medio de cuestionamientos por juristas y gremios ligados a la promoción de los derechos humanos los comisionados de Asuntos de la Mujer y la Familia de la Asamblea Legislativa continuará hoy la discusión en segundo debate del proyecto de ley que eleva de 7 a 10 las sanciones contra los menores infractores.
La propuesta inicial presentada por el Órgano Ejecutivo planteaba elevar hasta 20 la sanción contra los adolescentes vinculados a delitos como: homicidios, violaciones y secuestros.
El legislador, Javier Tejeira, sostuvo que las prebendas existentes en la legislación panameña, ha permitido que las bandas organizadas utilicen a menores de edad para cometer crímenes atroces.
La presidenta de la República, Mireya Moscoso, convocó a sesiones extraordinarias desde el pasado 27 de julio hasta este miércoles 4 de agosto para evacuar, el proyecto contra la conformación de pandillas y el incremento de penas a los menores que delinquen.
Sin embargo la vocera del organismo no gubernamental, Alianza Ciudadana, Magaly Castillo instó a los legisladores a no aprobar este paquete de reformas a tambor batiente, como se ha venido dando.
Afirmó que aprobar iniciativas de está índole "de apuro no nos va a llevar a nada" y demandó en la necesidad de que el nuevo gobierno adopte una verdadera política criminalística.
Castillo se preguntó sobre los resultados de la Comisión Presidencial para que se creará una política criminológica de Estado, que designó la actual gestión gubernamental ahora "como me salen con una ley de mano dura a última hora para hacer ver que se quiere ayudar a frenar el tema de la delincuencia".
"A esta altura me parece poco serio querer discutir estos temas de manera irresponsable. Que el nuevo gobierno haga su trabajo nos queda pocos días", sostuvo Castillo.
En tanto la procuradora de la administración, Alma Montenegro de Fletcher, manifestó que la criminalidad de adolescentes y niños no pueden verse de manera aislada.
Sostuvo que el país tiene suficientes leyes, donde lo importante es que la administración pública funcione, se cumpla con lo que la ley establece, estar pendiente que los subalternos sean responsables y que trabajen con vocación y eficiencia.
Informe estadísticos sostienen que Panamá cuenta con 200 mil jóvenes que viven en condiciones de extrema pobreza y que de éstos 100 mil son del distrito de San Miguelito y un 46% ya han delinquido, a causa de la desintegración familiar y la falta de condiciones económicas.
El artículo 16 de la Ley 46 destaca que la acción penal prescribe a los siete años con relación a delitos de homicidio doloso, a los cinco años en los delitos graves de violación sexual, secuestro, robo, tráfico ilícito de droga y lesiones personales dolosas con resultados de muerte.
El documento destaca que la reclusión en un centro de cumplimiento es una sanción de carácter excepcional y sólo podrá ser aplicada cuando se trate de delitos de homicidios doloso, lesiones personales, violación sexual y secuestro.
