El gobierno de la presidenta Mireya Moscoso propuso en las postrimerías de su mandato el proyecto de ley antipandillas con el único objetivo de evitar la estructuración de las denominadas "maras" o pandillas delictivas de adolescentes que han sembrado el terror en los países de Centroamérica.
La iniciativa se discute actualmente con carácter de urgencia notoria en el pleno legislativo y a diferencia del proyecto que intentaba aumentar las penas a 20 años contra los menores delincuentes, se espera que este proyecto no tenga mayor oposición en el segundo debate, que debe reiniciarse este lunes.Restablecimiento del orden social
El presidente de la Asamblea Legislativa, Jacobo Salas, manifestó que la presentación del proyecto antipandillas promovió el debate de un tema de suma importancia, que afecta directamente a las personas más pobres del país.
Sostuvo que la "mano dura" decretada por el gobierno no es más que el restablecimiento del orden social en las calles, donde se respete el derecho de todos los ciudadanos de vivir en paz.
Los comisionados de Gobierno de la Asamblea Legislativa aprobaron el pasado viernes en primer debate el proyecto de ley antipandillas, que busca sancionar con penas de 2 a 9 años a quienes formen parte de bandas delictivas.
La iniciativa, que forma parte del plan mano dura, establece que los individuos que formen parte de una banda o pandilla de tres o más personas mayores de catorce años, destinadas a cometer delitos, por el solo hecho de ser uno de sus miembros, serán sancionados cada uno con prisión de 2 a 4 años.
Durante el primer debate, se conoció que en Panamá operan unas 100 bandas organizadas para cometer delitos de homicidio, violación carnal, lesiones personales, hurto y robo a mano armada. Propuesta es insuficiente
Javier Justiniani, director de la Organización No Gubernamental (ONG) Banda Centenario, calificó la propuesta antipandillas como "insuficiente" para resolver el problema integral de la violencia en las calles.
Sostuvo que solamente el año pasado se registraron 72,597 incidentes policivos, de los cuales 20,523 son delitos relacionados a la venta de droga, hurto o robo a mano armada.
Justiniani manifestó que el proyecto original, propuesto por el ministro de Gobierno y Justicia, Arnulfo Escalona, no hizo distinción entre lo que es una pandilla, una gavilla o una banda criminal organizada.
Destacó que el proyecto solo propone aplicación de elementos represivos y no contempla el aspecto de la asignación de recursos para ejecutar programas de prevención y de resocialización
A criterio del abogado, la propuesta tiene vacíos legales que haría difícil afrontar una situación penal de una persona que se vea involucrada en una situación de bandas o pandillas.
Sostuvo que el hecho que una persona esté tatuada no significa que pertenezca a una banda criminal y eso no está especificado en el documento.
Justiniani expresó que en términos muy generales el proyecto considera banda o pandilla una organización conformada por tres o más personas, sin hacer énfasis en quiénes son estas personas o si poseen antecedentes penales.
El jurista manifestó que la ley no especifica ni desarrolla elementos necesarios de conocer para el levantamiento de un sumario.
"La ley no es específica y no está enfocada en resolver el problema del crecimiento de los niveles de violencia dentro de la sociedad panameña.