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Los grandes consorcios industriales internacionales cometen graves delitos contra el medio ambiente sin que se les castigue por ello, denuncia la organización ecologista Greenpeace en un estudio difundido ayer jueves, en Hamburgo.
Ese estudio relaciona con detalle a lo largo de sus 150 páginas una lista de delitos contra el medio ambiente supuestamente cometidos en los últimos años por empresas de industrias potencialmente peligrosas como la química, la atómica y las del petróleo y la ingeniería genética, entre otras.
La asociación conservacionista se muestra por ello partidaria de la creación de un tribunal internacional que se dedique exclusivamente a perseguir ese tipo de delitos y pide al Gobierno alemán que defienda esa postura en la cumbre de la ONU de desarrollo sostenible que se celebra en Johannesburgo a finales de este mes.
Como ejemplo de la impunidad que denuncia, Greenpeace resalta el caso de la empresa australiana Esmeralda, que no asumió ningún tipo de culpa ni pagó indemnización alguna por su responsabilidad en el envenenamiento de un río en Rumanía.
Esa empresa se dedica en ese país centroeuropeo a la producción de oro, y en una de sus fábricas se produjo un accidente en enero de 2000 que provocó el vertido al río Theiss de una sustancia altamente tóxica que lo dejó "biológicamente muerto" a lo largo de setecientos kilómetros, en su curso rumano y húngaro.
"No puede ser que una empresa australiana envenene un río entero desde Rumanía hasta Hungría y que nadie se responsabilice de ello", señaló el portavoz de Greenpeace Andreas Bernstorff, coautor del estudio en cuestión.
Según Bernstorff, los consorcios internacionales no están obligados a asumir responsabilidades por daños medioambientales que puedan provocar más allá de sus países de origen. |
