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La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia negó una petición de legisladores de la oposición, para suspender provisionalmente, una resolución del Ministerio de Comercio, que exime a Panamá Ports Company (PPC) del pago de una anualidad de B/.22.2 millones y del 10% de los ingresos que ésta logre por operar los puertos de Balboa y Cristóbal.
El fallo tuvo la ponencia del magistrado Winston Spadafora. El magistrado Jorge Fábrega salvó su voto. Los legisladores Teresita de Arias, Pedro Miguel González, Aníbal Culiolis y Miguel Bush,
Presentaron una demanda contenciosa administrativa contra la resolución del Ministerio de Comercio, que equipara el contrato de PPC a los mismos derechos, beneficios e incentivos que se estableció en la Ley 12 de 3 de enero de 1996, que aprobó el contrato entre el Estado y la empresa Colón Container Terminal.
A juicio de los magistrados, "no existe" la violación manifiesta de la ley que se alega en la demanda, no existe, porque los reconocimientos de los beneficios a favor de PPC, tienen fundamento en el artículo 2 de la Ley No.12. |
