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Dice un viejo aforismo que nadie escarmienta en cabeza ajena, esto viene como anillo al dedo, con relación a la actuación irresponsable de algunos grupos políticos que erróneamente creen que los procesos electorales los otorga una patente de corso para administrar el Estado como si se tratase de un feudo particular, de una finca de villorio, en la que no le rinden cuenta a nadie por absurdas y descabelladas que sean sus actuaciones. Por ello señalamos el viejo adagio, pues todas las violaciones, las conductas soberbias y prepotentes en contra de los ciudadanos, que eventualmente tengan que ser resarcidas, como consecuencia de un proceso jurisdiccional, las tiene que reparar el Estado. Es decir, la sociedad entera es la que tiene que asumir los costos de las actuaciones irresponsables y arbitrarias de esta especie, ya que los verdaderos culpables, hasta ahora, no han experimentado en carne propia, el rigor de la justicia frente a actuaciones deleznables que comprometen la majestad de la Patria. Tengan la seguridad que este perjuicio desaparecerá el día que estos señores tengan que pagar personalmente y con su propio pecunio, tal y como ocurre en otras latitudes.
Las reclamaciones económicas y demás derechos laborales justa y legítimamente reclamados por las víctimas de la infame Ley 25, las tiene que pagar el Estado. Estamos hablando de muchos millones de balboas que el Estado responsablemente tiene que pagar a todas las víctimas, independientemente del entuerto que se ha inventado para evadir la Sentencia de la Corte.Pero, ¿ dónde están quienes parieron semejante monstruo jurídico para violar los derechos humanos de los trabajadores? Yo estoy convencido de que si el ex presidente Guillermo Endara Galimany, antes de tomar la decisión política de defenestrar a la dirigencia sindical del sector público, hubiese tenido claro que él respondería personalmente y con su riqueza de este abuso, no hubiese creado jamás ese instrumento espurio.
En la Junta de Apelación y Decisión de Carrera Administrativa, existen más o menos mil casos, que por mandato expreso de la ley tendrán que fallarse a favor de los trabajadores ilegal e injustamente despedidos por el prurito de la politiquería, pero nuevamente será el Estado, todos los asociados, los que tendremos que asumir la reparación, mientras los responsables, es decir, se pavonean impunemente.
Allí están los antiguos trabajadores, encargados del mantenimiento del Puente de Las Américas, reclamando prestaciones económicas que fueron entregadas por los Estados Unidos al gobierno panameño; pero el dinero desapareció por arte de magia y ningún político se hace responsable. |
