La mayoría oficialista aprobó la reforma a la Ley de Carrera Administrativa. Una vez sancionada por el Ejecutivo, se allana el camino para suspender las acreditaciones de entre 17 mil y 20 mil funcionarios que se hicieron en los últimos años con el requisito de sólo contar con dos años de servicio en el engranaje gubernamental.
Sin duda es un tema que afectará a muchos hogares panameños, cuyos jefes de familia se exponen a perder su empleo. Ese es el dilema del funcionario. Cada quinquenio la burocracia se expone al despido. En el 2004 fueron destituidos 13 mil panameñistas y ahora el número de perredistas será igual o mayor.
Por ende la Carrera Administrativa debe ser un tema que se maneje con seriedad, para que así se puedan acreditar a los funcionarios más capacitados, de lo contrario en el 2014 veremos lo mismo. Hasta antes del golpe de Estado de 1968 existía un régimen de Carrera Administrativa y luego se restituyó en 1994 por el gobierno del mandatario Guillermo Endara tras una propuesta del legislador democristiano Milton Henríquez.
Es una buena iniciativa, lo malo es que los partidos en el poder tratan de darle la vuelta a la ley para favorecer a sus cuadros, cuando lo ideal es que se logre reclutar al personal más capacitado.
Los debates en la Asamblea Nacional de Diputados no estuvieron a la altura del momento. Había argumentos a favor y en contra, pero muchos diputados se perdían y no le daban sustancia a sus argumentos. Valía más insulto al adversario que la presentación de propuestas para mejorar el proyecto.
Los empleados públicos en la capital y cabeceras de provincia marcharon para expresar su rechazo a las reformas. Es un derecho que se reconoce en toda democracia, pero los dirigentes deben entender también que esa defensa se debe hacer de manera permanente y no sólo cuando se afecta sólo a militantes de un determinado sector político.