Una querella penal por los supuestos delitos contra la vida y la integridad personal fue interpuesta ayer por un grupo de abogados ante el Ministerio Público, en contra del ministro de Seguridad Pública, José Raúl Molino, el director de la Policía Nacional, Gustavo Pérez, y los jefes de la zonas policiales de Veraguas, Chiriquí y Bocas del Toro.
El abogado Javier Víquez indicó que se debe iniciar una investigación por los sucesos registrados desde el 8 de julio al 11 de julio en Bocas del Toro, donde se dio una brutal represión contra los manifestantes por parte de los antimotines de la Policía.
La denuncia indica que más de 300 personas que se manifestaban en contra de la Ley 30 fueron blanco de una brutal represión con arma de fuego y perdigones, y que producto de ello, muchos perdieron la vista.
El pasado fin de semana, el jefe de la Zona Policial de Bocas del Toro, Didier De Gracia, manifestó que los indígenas y campesinos de Changuinola utilizaron bombas molotov, machetes, biombos y armas contundentes en contra de los uniformados, por ende, tuvieron que utilizar la fuerza para contener la multitud.
