Unos 2 mil reclusos podrían beneficiarse con la aprobación de un proyecto de ley que establece medidas de regulación al recurso de detención preventiva, como una forma de reducir la mora judicial y el hacinamiento carcelario.
Ayer, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea, Rogelio Paredes, y los miembros de la Comisión de Estado por la Justicia analizaron la redacción del documento que será presentado en el inicio de la segunda legislatura. La propuesta establece que la detención preventiva no exceda los doce meses para delitos cuyas penas de prisión sean hasta de tres años.