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Existen numerosas quejas de funcionarios despedidos a los que no se les ha pagado sus vacaciones, afirmó ayer la Procuradora de la Administración, Alma Montenegro de Fletcher, agregando que el Estado podría ser demandado ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por no respetar este derecho adquirido de los empleados estatales.
De acuerdo con Montenegro, tanto su despacho como la Contraloría están notificando a las diferentes entidades que deben pagar vacaciones a los empleados públicos que sean cesados.
"Las vacaciones son un derecho adquirido y cuando una persona deja de pertenecer a la estructura institucional por cualquier razón, incluso despido justificado, hay que pagar sus vacaciones", sostuvo
la Procuradora reveló que el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, la Caja de Seguro Social y algunas instituciones autónomas, son los entes de donde se reciben más quejas. "El Estado puede ser objeto de demanda ante la Sala Tercera de la CSJ, pero nos preocupa el hecho de que las instancias en esta sala demoran muchísimo, y durante este tiempo las personas no tienen derecho a estos ingresos", añadió. |
