Las rebajas de pena a una veintena de panameños efectuada el 30 de junio por el ex presidente de la República de Panamá, Martín Torrijos, fue calificado como un "comportamiento insano" por el defensor del Pueblo, Ricardo Julio Vargas.
"El argumento utilizado: de disminuir el grave problema de hacinamiento, no es más que un pretexto", precisó el Defensor del Pueblo.
Los beneficiados se encontraban pagando condenas por delitos comunes, entre estos fue incluido en el listado el ex gerente de Banaico, Bruno Bemporat, y dos maestras condenadas por delitos sexuales.
"Si bien es cierto y constitucional la facultad que tiene el Ejecutivo de conceder este tipo de beneficios, las razones dadas por el gobierno del ex presidente Martín Torrijos para otorgar a última hora esta rebaja de pena a 20 de los 10 mil 296 privados y privadas que conforman el total de la población penitenciaria a nivel nacional, representa un despropósito en la utilización de esta atribución constitucional", señaló el defensor Vargas.
Para la Defensoría, el Ejecutivo no utilizó el mecanismo implementado para revisar el tema de las libertades condicionales, considerando para ello, la opinión de las víctimas.
Vargas indicó que este tipo de facultades constitucionales deben contar con una mejor regulación para evitar la discrecionalidad.
