El gobierno debe explicar adecuadamente el alcance del acuerdo con otros países de Centroamérica para crear una Fuerza de Respuesta Rápida contra el terrorismo y el narcotráfico.
Ya se han dado avances sobre la conformación de esa fuerza y Panamá expresó su respaldo a la iniciativa durante las reuniones que esta semana desarrollaron los mandatarios de la región.
Para nadie escapa que los terroristas y el narcotráfico muchas veces tienen más recursos que las instituciones encargadas de investigarlos, razón por la cual se impone la cooperación internacional, para frenar esos delitos.
Panamá tiene un Canal que es potencial blanco para el terrorismo y además es un punto obligado de la drogas y el dinero de los carteles de la drogas.
Sin embargo, hay que tomar en cuenta que Panamá abolió constitucionalmente el ejército y cada vez que se introduce un tema relativo al militarismo, surgen inquietudes en el seno de diversos sectores del país.
Es probable que el acuerdo -al que Costa Rica no se sumará- incluya mecanismos en los que Panamá pueda participar con representación de unidades de la Policía Nacional, PTJ y hasta agentes del Ministerio Público, pero el tema no se ha explicado adecuadamente.
El gobierno de la Patria Nueva debe entender que mientras mayor claridad e información exista sobre un tema potencialmente sensitivo, se pueden esclarecer las dudas. Ya la actual administración ha sufrido un excesivo desgaste por mantener cierto nivel de secreto en temas fundamentales para la nación, como fueron las reformas tributarias y las del sistema de seguridad social. La experiencia vivida debe hacerlos entender, que la transparencia también abarca los proyectos que se pretenden ejecutar.