El legislador Jerry Wilson pregona que se le dispensó una "amplia" consulta al proyecto de reformas constitucionales. La realidad revela otra cosa. El documento de 58 artículos se discutió sólo durante tres días con casi 50 organizaciones.
Una simple división entre horas laboradas por la Comisión de Gobierno y la cantidad de interesados en exponer sus puntos de vista, revela que la consulta fue de apenas minutos.
El proyecto fue presentado antenoche al pleno legislativo que deberá dispensarle los tres debates respectivos. Se espera que el Ejecutivo convoque a sesiones extraordinarias para cumplir ese trámite. La Asamblea que se instala el 1 de septiembre también deberá darle tres debates.
Por su parte, el presidente electo Martín Torrijos, promotor del proyecto, se mantuvo firme ante los cuestionamientos surgidos en los últimos momentos de parte de diferentes sectores, que han sacado a relucir diferentes hipótesis sobre las reformas.
Aseguró que los cambios son positivos para el país, pues son un avance significativo para la vida democrática e institucional..
Expresó que luego de que presento el documento inicial que esta siendo analizado por diferentes sectores, han salido a relucir diferentes versiones sobre quiénes y cómo se elaboraron las mismas.
Aseguró que este proyecto fue producto de un esfuerzo que ha hecho con la sociedad civil, diferentes gremios entre ellos el Foro 20-20,.
Dijo que "nadie puede negar que resolver el tema de la inmunidad parlamentaria, acortar el periodo de transición, fortalecer los gobiernos locales y limitar el número de integrantes de la Asamblea, no sean avances.
Sobre el cuestionado control previo, apuntó que se ha malinterpretado pues no se planteó eliminarlo, sino reglamentarlo por ley.
Por su parte, el exmagistrado Edgardo Molina Mola consideró oportuno convocar a una Constituyente para introducir cambios a la Carta Magna, debido a que la actual todavía tiene nostalgia de los cuarteles.
El jurista expresó su inconformidad a la propuesta que se debate a lo interno de la Asamblea, aduciendo que la misma debe introducir varios aspectos como eliminar el artículo 33 que fija sanciones a las personas que falten el respeto a cualquier alto funcionario.
También cuestionó que la iniciativa no establezca cómo se deben nombrar los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.
En tanto la dirigencia aglutinada en la Confederación de Unidad Sindical Independiente (CONUSI), criticó la forma como se ha desarrollado el debate, aduciendo que el mismo está a cargo de personas "que no tienen la solvencia moral".
El secretario general de la CONUSI, Gabriel Castillo, planteó que urge detener el abuso que existe actualmente por las autoridades.