EDITORIAL
¿Narcopolítica en Panamá?
El fenómeno de simbiosis
político-criminal que permite a delincuentes de las drogas participar
en el financiamiento y organización de eventos electorales se denomina
"NARCOPOLITICA", y son múltiples los casos en los cuales
autoridades de países hermanos han detectado y develado esos entendimientos
delictuales.
En Colombia, por ejemplo, sufren detención carcelaria algunos
legisladores, varios senadores, un Contralor y múltiples funcionarios
partidarios, quienes estuvieron inmersos en arreglos drogómanos,
recibiendo dineros y aportes materiales de los carteles poderosos; estas
denuncias alcanzaron al ciudadano Presidente de esa república en
el famoso proceso "OCHO MIL", donde la opinión pública
se dividió con dureza.
En la República Dominicana son conocidas las acusaciones de financiamiento
criminales en las actividades partidarias; y la denominación de "NARCOPOLITICAS"
surgió en el léxico político de esa isla caribeña.
En Méjico, las actividades de carteles criminales de drogas alcanzan
a elevados funcionarios de algunos Estados mejicanos, y el Jefe de Narcóticos
de la frontera, en Tijuana, confesó de sus aportes al ilícito,
mientras están prófugos algunos "CAPOS" de ese tráfico
mejicano.
En Panamá, un legislador se trasladó a Estados Unidos a
recoger los dineros de sus actuaciones criminales en el trasiego de drogas
en la costa atlántica y, fue detenido por autoridades norteñas;
al confesar su participación recibió castigo disminuído
en ergástulas de aquellas nación.
La detección de dos cheques bancarios expedidos por un delincuente
internacional en los aportes de la campaña presidencial del actual
mandatario panameño fue materia de controversias y discusiones académicas
en círculos juridicos, que reclaman el esclarecimiento profundo de
esas relaciones delictivas.
Ahora, de acuerdo con informes de prensa, una declaración rendida
ante los funcionarios de la Fiscalía de Drogas del Ministerio Público,
un reo procesado por diversos delitos, relaciona a un legislador nativo
con un pacto criminal dirigido a introducir a Panamá sesenta y nueve
millones de dólares, producto del infame comercio drogómano,
los cuales vendrían desde Holanda.
De acuerdo con la información, el dinero se recibiría en
el aeropuerto de Tocumen, o a través del aeropuerto de Río
Hato; noticia alarmante que levanta suspicacias y profundiza el morbo ciudadano
que reclama la aclaración de tales dichos, de manera que exista transparencia
en la vida parlamentaria panameña.
Las suspicacias populares levantan razonamientos de subjetividad flagrante
donde relacionan la denuncia con la proximidad de los comicios de 1999,
donde una respetable cantidad de diputados pretende repetir el mandato;
aspiración que exige dineros y disponibilidades materiales para enfrentar
las campañas.


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