La Corte Suprema de Justicia confirmó una resolución emitida por el Segundo Tribunal Superior, donde declaraba legal la orden de detención preventiva dictada contra Armando Da Silva Tavares Busto, sindicado por el supuesto el delito contra el patrimonio.
Según el Segundo Tribunal, se está "ante la posible comisión del ilícito de estafa agravada, pues la cuantía denunciada por Borrel, excede los 100, 000 dólares, de manera que la medida restrictiva de libertad aplicada es viable".
También aseguró el "tribunal primario que la vinculación del beneficiario de la acción, se deriva del señalamiento directo que realiza Juan Borrel, quien indicó que el beneficiario de la acción nunca le informó que debía aportar una garantía extra para concretar un préstamo por una considerable suma de dinero".
