El Defensor del Pueblo, Liborio García, se consolida en su puesto por la indefinición que mantiene el pleno de 78 diputados de resolver su posible remoción, que tiene tres meses de acaparar la atención de la opinión pública.
La falta de unificación de criterios entre miembros de las bancadas de gobierno y de oposición es la razón que mantiene en su puesto al polémico funcionario.
El presidente de la Asamblea, Elías Castillo, ha reconocido el auge de un "ambiente de zozobra" en torno a este tema, por lo que dijo estar dispuesto a promover entre sus colegas una definición del caso, entendiendo que la decisión no es solo suya.
"Este tema se ha manejado sin apasionamientos para evitar equivocaciones de criterio, donde la Asamblea tiene la potestad de remover o ratificar a un funcionario que está dentro de su jurisdicción administrativa", manifestó.
Castillo manifestó que el caso del Defensor del Pueblo es tratado con la objetividad y responsabilidad necesaria, pero teniendo en cuanta que no es un "tema de Estado".
El pleno de diputados elegirá entre acoger la recomendación de remoción del informe de seguimiento a la labor administrativa del Defensor o en su efecto, promover el recurso de "renuncia tácita" surgida, luego de comprobar que García continuaba siendo miembros de sociedades anónimas de empresas privadas pasados los 30 días de plazo que le permitía la ley para permanecer en el cargo.
