La insistencia del gobierno en sancionar y promulgar la llamada Ley 9 en 1 pese al cuestionamiento de de sindicatos, ambientalistas y hasta grupo empresariales, provocara que el tema sea llevado a las esferas internacionales.
Ya la dirigencia del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (CONATO) anunció acciones ante los poderosos grupos sindicales de Estados Unidos y Canadá. El mandatario Ricardo Martinelli ha reconocido que hubo premura en la aprobación de los proyectos, pero advirtió que no habrá marcha atrás.
El accionar del gobierno ha provocado algo que no se registraba hace varias décadas: la coalición de gremios diversos para rechazar las acciones del gobierno. Esta situación no debiera ser tomada a la ligera por los que ostentan el poder y es una clarinada de que ese estilo de gestión, no es aceptado por la mayoría de los panameños.
En democracia lo que se impone es el debate y no la imposición que luego dan margen a manifestaciones que muchas veces degeneran en disturbios callejeros.
No hay duda que no hubo el mejor manejo por parte del Ejecutivo y el Legislativo en la aprobación de las reformas que eliminan la efectividad de una huelga y la obligatoriedad del pago de la cuota sindical, así como excluir de la detención preventiva a policías que cometan un delito en cumplimiento del deber y eximir de los estudios de impacto ambiental aquellos proyectos declarados de interés social.
Es probable que a nivel local, los recursos que interpongan sindicatos y ambientalistas no provoquen cambio algunos, pero el panorama es diferente en el campo internacional y pueden afectar el avance de los Tratados de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá.