La colega periodista se equivocó. Hace treinta y nueve años exclamó: "¿a quién le interesa la desaparición de un "curita" de pueblo?".
A muchas personas, tanto panameñas como de Colombia, país de origen de Héctor Gallego.
Cada aniversario de su dolorosa desaparición me voy por el "túnel del tiempo". Recuerdo la participación que tuve como encargado de noticieros de una empresa de televisión.
Con los días se conocieron los detalles de la desaparición del sacerdote colombiano.
El país quedó "en shock". Eran los tiempos de la dictadura militar, encabezada por el general Omar Torrijos.
Si desaparecían a un sacerdote, ¿qué podrían esperar los que se oponían al régimen militar?
Me tocó coordinar las presentaciones de altos miembros de la Iglesia católica en esa televisora.
El ambiente era muy tenso. Se temía que los militares decidieran cerrar la TV para evitar que continuaran los reclamos de los jefes de la Iglesia católica.
Monseñor Legarra (q.e.p.d.), de origen español, impactaba a la comunidad con su voz grave, su rostro serio y el contenido de los reclamos para esclarecer lo de Gallego.
No recuerdo cuántos días pasaron para que fuera disminuyendo la presión de la Iglesia en la televisión.
Al terminar esas presentaciones, corrieron varias "leyendas urbanas".
Algunos aseguraban que un alto oficial había revelado a la Iglesia la verdad de la desaparición de Héctor Gallego, en "secreto de confesión". ¡No se podía decir al público lo ocurrido!
También había quienes pensaban que hubo amenazas contundentes para que terminara la acción de la Iglesia.
El "delito" de Gallego fue decirle a los campesinos de Santa Fe que se organizaran. Que merecían vivir mejor y dejar de ser víctimas de los poderosos.
Gallego no fue el único sacerdote eliminado por la dictadura. Rafael González, español, a quien conocí, lo sacaron del país por tratar de organizar a obreros y campesinos.
Murió de un disparo, en Chiriquí, el sacerdote Van Cliff. Se dice que otro sacerdote fue expulsado, pero no me consta.
He dicho que las "heridas no están cerradas". El Gobierno debería hacer las pruebas necesarias a las sesenta cajas con huesos, que se suponen son de desaparecidos por la dictadura.
No hay justificación para matar o expulsar a quienes se oponen a una dictadura...
