El presidente de la Asamblea Nacional, Pedro Miguel González, solicitó ayer al pleno de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), declarar la inconstitucionalidad del Arreglo Complementario entre el Gobierno de Panamá y el Gobierno de Estados Unidos sobre el apoyo y asistencia por parte del Servicio Marítimo del Ministerio de Gobierno y Justicia.
Para González, el Arreglo contiene cláusulas que vulneran la garantía de debido proceso penal de los ciudadanos y habitantes de la República, y en ese sentido, viola materialmente la Constitución Política.
Destacó que el Convenio Salas-Becker ha sido utilizado como fundamento jurídico para la entrega de ciudadanos panameños a la jurisdicción de otro país, y para la determinación de sus supuestas responsabilidades penales, en renuncia de la jurisdicción penal de la República de Panamá y en violación a las garantías de dichos ciudadanos, en particular, la prohibición constitucional de extraditar y expatriar a nacionales panameños.
González, acompañado del diputado suplente Luis Barría y asesores legales del parlamento, interpuso el recurso legal ante el magistrado presidente de la CSJ, Harley James Mitchell.
