No podemos estar tranquilos tras la toma de un segmento de la ruta del Corredor Norte por parte de los transportistas. No se justifica una acción contra la propiedad privada ni contra la vida y mucho menos el secuestro de cientos de ciudadanos que circulan en sus vehículos por esta arteria vehicular.
Sin pretender convertirnos en alarmistas, pero sí con el deber de hacer señalamientos sobre asuntos de riesgo, debemos advertir que estamos acercándonos a la situación vivida por Colombia en la década de los ochenta. Ese fue el preámbulo de la desestabilización que ha vivido el país del sur.
Sin embargo, no todo es responsabilidad de los transportistas que cerraron la vía con razón debido al alza inconsulta de la tarifa, porque también debemos señalar la ausencia del principio de autoridad por parte de quienes deben hacer cumplir las leyes.
El crecimiento económico se ha convertido en una cortina de humo, los asuntos de la Asamblea y de la Corte son una espesa neblina, que no permiten analizar lo que ocurre en el día a día. Esta distracción podría dar paso a los movimientos que se apoderaron de nuestro vecino país.
Durante el período anterior la provincia de Bocas del Toro, fue tomada en tres oportunidades por organizaciones sindicales que mantuvieron secuestrada a la transnacional frutícola que opera en esa región del país.
Estos movimientos parecen evidenciar una nueva forma de sedición en contra del sistema. Sin embargo, los agrupaciones políticas, la sociedad civil y los gobiernos no logran percibir la cresta de la humareda por estar entretenidos en las elecciones.
Los transportistas aplicaron su versión de ley y orden y tan solo hizo acto de presencia la Policía Nacional, dejando vacío el espacio correspondiente a las autoridades involucradas en el asunto lo que demuestra indiferencia e insolvencia.
La miopía e irresponsabilidad de nuestra clase política ha llevado a la Policía Nacional a enfrentar los problemas que competen a las autoridades, cuando su deber es defender la institucionalidad de la República y el derecho de los ciudadanos a transitar libremente.
