Los diputados insisten en revivir las partidas circuitales, y olvidan que los integrantes del Órgano Legislativo no fueron elegidos para hacer obras, sino leyes.
Esas partidas surgieron en 1985 y fueron foco de escándalos por el mal manejo que le dispensaron algunos legisladores.
Hasta secretarias de algunos legisladores se mandataron hacer parques particulares con fondos públicos.
Además las partidas circuitales representan una ventaja para la reelección de muchos diputados. Es difícil que durante una campaña electoral un político nuevo pueda vencer a un integrante de la Asamblea, que tiene a su favor el elemento propagandístico que representa la ejecución de obras con fondos públicos.
Cuando los arnulfistas iban a asumir el poder en 1999, el Gobierno saliente promovió una reforma al Reglamento Interno de la Asamblea, que a la postre permitió la existencia de una partida circuital anual de $38 millones, a razón de $535 mil por legislador.
La ejecución de obras no es una tarea de la Asamblea, esa es una competencia de los ministerios y entidades. Como principio hay que reconocer que las partidas circuitales son una distorsión de las funciones que corresponden a los diferentes órganos del Estado.
En la estructura del Estado hay suficientes entidades que pueden desarrollar obras comunitarias como son las instancias del FIS y del PRODEC.
Los diputados deben reclamar a los diversos ministerios e instituciones que se contemplen obras para sus circuitos y no pretender convertirse en administradores de fondos para proyectos que se ejecutan sin mayor planificación y que en algunos casos constituyen un desperdicio de los fondos públicos. El que quiere hacer política para reelegirse que se meta la mano en su bolsillo y que no pretenda que los contribuyentes le sufraguen su campaña de imagen.