El ex Contralor General de la República, Alvin Weeden, y varios de sus colaboradores, podrían enfrentar futuras demandas penales; dejó entrever el abogado Carlos Carrillo Gomila.
La acción puede surgir por los daños causados por el cierre y el decomiso de bienes de la empresa PECC, considerada arbitraria por el jurista.
"Lo peor del caso de PECC -Ports Engineering and Consultants- es que fue una de las pocas concesionarias que el señor Contralor de la República no respetó", indicó Carrillo.
La Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto la cautelación de bienes de PECC, que ascendían a más de seis millones.
