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La Comisión de Comunicación y Transporte de la Asamblea Legislativa dispuso citar al presidente del Ente Regulador de los Servicios Públicos, Alex Arroyo, para que respondiera un cuestionario que contiene las siguientes preguntas:
¿La Ley 26 de 29 de enero de 1996, por la cual se crea el Ente Regulador de los Servicios Públicos le es insuficiente para cumplir con el deber de regular y fiscalizar las empresas de servicios públicos? ¿Qué acciones ha tomado el Ente Regulador a la fecha para hacer frente al exceso ejecutado por las empresas comercializadoras del servicio eléctrico?
A la fecha, ¿Cuántas denuncias han recibido, cuántas han sido resueltas y con cuáles resultados? ¿Está el Ente Regulador en capacidad de entrar a analizar conjuntamente con la Asamblea Legislativa un proyecto de revisión de los contratos ley vigentes, que rigen a las compañías eléctricas?
Aunque en Panamá no existe una organización que aglutine a los usuarios de los servicios públicos, sería interesante que la Asamblea Legislativa realizara una encuesta en la comunidad para que absuelva estas interrogantes, en vez de preguntarle a quienes, después de las privatizaciones, han sido cómplices de los abusos cometidos por empresarios y capitales extranjeros en detrimento de los nacionales. |
