Luego de permanecer por más de 30 horas en las estructuras del Puente de Las Américas, los cuatro ex trabajadores del antiguo IRHE, destituidos por la Ley 25 de 1990, decidieron poner fin a la protesta y huelga de hambre que llevaban a cabo en demanda de sus indemnizaciones.
La decisión de los ex trabajadores quienes pasaron toda la noche en el arco principal del puente, surgió luego que se presentara al lugar el presidente de la Comisión de Trabajo de la Asamblea, Leandro �vila, el viceministro de Trabajo, Edwin Salamín y una comitiva de diputados.
El primero en bajar fue el Erick González, quien después participó de una reunión en donde se logró un acuerdo con las autoridades del Gobierno Nacional, quienes se comprometieron agilizar el proceso de conversación y de indemnizaciones para los 272 ex trabajadores afectados con la Ley 25.
Horas más tarde (4: 00 p.m.) tras el pacto acordado, los ex trabajadores Rodolfo Vence, Rubén Guevara y Javier Muñoz, bajaron protegidos con correas de seguridad del puente, y revelaron tener confianza en la mesa de negociación, así como culparon al Gobierno de este tipo de protesta por no preocuparse por los afectados.
El viceministro de Trabajo, Edwin Salamín, indicó que el acuerdo lleva la finalidad de encontrar una solución y entendimiento con los ex trabajadores, así como acelerar el proceso de conversaciones y definición de las propuestas en la mesa del diálogo.
El vocero de los ex trabajadores, Luis Batista, dijo que durante la reunión la ministra de Gobierno Olga Gólcher, se comprometió a consultar con los asesores y plantearle la situación al presidente, Martín Torrijos, así como lo relativo al monto exigido por los afectados con la Ley 25, amparados en el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El conflicto se origina porque luego el fallo internacional los ex trabajadores del antiguo IRHE exigían el pago de indemnizaciones por un monto de B/. 54 millones y el reintegro a sus trabajos, pero el Estado sólo acepta pagar la suma B/. 5.6 millones.
El Defensor del Pueblo, Liborio García, ya había hecho un acercamiento con las autoridades para mediar sobre la problemática del grupo, que exige cumplir con la sentencia dictada por la Corte Interamericana organismo del cual Panamá es signatario.