Mahuad quiere revestirse de un superpoder
para superar crisis
Quito
EFE
El presidente ecuatoriano,
Jamil Mahuad, pretende revestirse de un "superpoder" para vender
algunas empresas del Estado, mejorar los ingresos y poder superar la crisis
económica que afecta a su nación.
La ley que le facultaría para ello la remitirá hasta la
próxima semana al Congreso donde, previamente, deberá negociar
un acuerdo político con los grupos parlamentarios para que le apoyen.
"La ley marco de privatizaciones" diseñada por el Ejecutivo
pretende dar una facultad a Mahuad para que decida sobre la venta del 51
y hasta el 100 por ciento de las acciones de las empresas telefónicas
y eléctricas, aún en manos del Estado.
Asimismo, prevé una apertura de concesiones a la iniciativa privada,
y especialmente a la inversión extranjera, para la extracción,
producción, refinamiento y transporte de petróleo.
Mahuad intenta dar igualdad de oportunidades a los inversores extranjeros
para que compitan con la estatal Petroecuador que tiene el 80 por ciento
de la industria petrolera local.
Los puertos, el servicio de correo, la construcción de carreteras
y el servicio de capacitación de profesionales son otras de las áreas
en las que Mahuad prevé una participación de capitales privados
y foráneos.
El presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Modernización
(CONAM), Alvaro Guerrero, está seguro de que la ley marco de privatizaciones
le permitirá a Ecuador salir de la profunda crisis en que se encuentra,
percibir en los próximos dos años unos 3.000 millones de dólares
y mejorar los deficientes servicios públicos.
Guerrero opina que Ecuador ha entrado, aunque tarde respecto a otros
países latinoamericanos, en un proceso de modernización, que
hace necesario que el jefe del Estado, quien asume la responsabilidad de
las privatizaciones, tenga facultades especiales para emprender las reformas.
A la ley que le otorgaría a Mahuad un "superpoder",
Guerrero la compara con la que el Parlamento de Venezuela entregó
a su presidente, Hugo Chávez, aunque disminuida porque en el caso
ecuatoriano el jefe del Estado sólo podría decidir sobre las
privatizaciones y no en otros asuntos como impuestos o ajustes fiscales
que si se permite la norma venezolana.
"En todos los países ha habido, en Argentina, por ejemplo,
el Ministerio de Economía ha tenido poderes muy grandes, así
mismo en Colombia, en Perú. Ecuador es el que menos poder tiene en
el tema de privatizaciones", agrega Guerrero.
Sin embargo, el funcionario insiste en que esa posibilidad depende de
los acuerdos políticos en medio de una disputa de intereses de varios
sectores.
Los sindicatos públicos se han opuesto a las privatizaciones,
al igual que los grupos de izquierdas que ven un peligro en la venta de
las empresas del Estado, pues consideran que el país perdería
su patrimonio, los bienes estratégicos y se encarecerían los
servicios.
Varios analistas, también, han opinado que la depresión
en los mercados internacionales de inversión, podrían afectar
al precio de venta de las empresas.
Guerrero manifiesta que el Gobierno de Mahuad no ve como un objetivo
el valor que se obtenga por la ventas, sino más bien el rendimiento
que entregaría al Estado la iniciativa privada, tanto en dinero permanente
como en tecnología y en la eficiencia de los servicios.
Y es que, según el funcionario, el Ejecutivo está dispuesto
a "romper los paradigmas" y dirigir al país hacia el desarrollo
de cara al siglo XXI, con sacrificios que luego puedan generar beneficios
para la población.
El intento será difícil, pues Mahuad deberá afrontar
una nueva batalla con los grupos parlamentarios, los sindicatos y su propio
partido, la Democracia Popular (DP), que ha sentido ya las presiones.
El diputado Leopoldo Baquerizo fue separado de la DP por votar contra
de ciertas reformas tributarias elaboradas por el Ejecutivo y que finalmente
fueron aprobadas la semana pasada por el Congreso.
Según los sindicatos, el proyecto de privatizaciones causará
mayor insatisfacción social y política y ya preparan nuevas
protestas en contra del Gobierno y, especialmente, a la venta de los activos
del estado.
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