Recientemente, un periodista me comentó que la Señora Presidenta Mireya Moscoso, le expresó que ella tuvo interés en implementar la Ley de Carrera Administrativa, pero que las partes no se ponían de acuerdo. No comprendo que intenta decir le manifesté, pues no hemos visto señales en tal sentido, es más, fue ella la que dejó sin efecto la ley, fundamentándose en una resolución con la que rompió la tradición secular impuesta por la Pirámide Kelseniana, pues su Resolución 122 del 27 de octubre de 1999 fue la que puso a invernar la institución de Carrera Administrativa, desconociendo con esto, los criterios técnicos y científicos consagrados en la ley para la selección de los trabajadores que requiere el Estado.
De allí en adelante, todo cuanto se ha hecho en materia de políticas para administrar el Recurso Humano del Estado, en estricto derecho es ilegal, puesto que se desconoció lo que filosófica y esencialmente promueve la ley, que es hacerse de los trabajadores más idóneos.
La ley ya es vieja, pues el próximo mes de junio cumple diez años.
Por lo antes expuesto, le corresponde al conglomerado social panameño, verdadero y auténtico patrón de los trabajadores públicos, pues es el que con el pago de sus impuestos permite el pago exigir a los administradores del Estado que la ley deje de ser mito para convertirse en realidad promoviendo el respeto a la ley, que el recursos humano se reclute de acuerdo a los criterios contenidos en la misma, dejando de lado los fundamentos atávicos, de caverna con los que hasta ahora se han venido haciendo las cosas; sólo así Panamá podrá emerger al sendero del progreso y desarrollo, admitamos la nueva cultura laboral, sin tapujos ni prejuicios... para que deje ser mito y se tome en realidad.
