Una serie de grupos civiles, comandados por la Alianza Ciudadana Pro Justicia, presentó, a través de un documento a los cuatro candidatos presidenciales, una "propuesta de acción" en materia judicial, para ser llevada a cabo en los cien primeros días de su gestión de gobierno.
Según los miembros firmantes de la nota (unos 28 grupos), la propuesta la hacen conociendo los problemas del sistema judicial en Panamá.
En la carta de 3 puntos, los que proponen la "Petición Ciudadana por la Justicia", piden la designación de una "Comisión de Estado por la Justicia" conformada pro representantes de los tres Órganos del Estado, miembros de las distintas fuerzas políticas representadas en la Asamblea Legislativa y personas de reconocido prestigio profesional, de manera que propongan una Política general de Estado para la reforma judicial.
También se habla de la forma de escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia.