El abogado Javier Justiniani presentó ante la Secretaría de la Asamblea un anteproyecto de ley que busca sancionar a los funcionarios con mando y jurisdicción cuando en el término de 30 días no cumplan con las reclamaciones de la población en el ámbito social.
Justiniani manifestó que la desatención de los funcionarios a las reclamaciones sociales son los que impulsan a la ciudadanía a cerrar las calles. "Este anteproyecto será un contrapeso a la llamada ley de los carcelazos", dijo Justiniani.
La propuesta reglamenta el artículo 14 de la Constitución que establece que toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivo de interés social o particular, y el de obtener pronta resolución.
