A muchos sectores de la sociedad ha sorprendido el fallo de la Corte Suprema de Justicia que exonera al Estado del pago de una indemnización para los familiares de las 18 personas calcinadas en el autobús 8B-06, que se incendió el 23 de octubre del año 2006.
Resulta incomprensible que siendo el Estado el ente responsable de supervisar el transporte, ahora el máximo tribunal de justicia lo exima de toda responsabilidad frente a una tragedia que llenó de luto a muchos hogares panameños y que marcó para siempre a los sobrevivientes.
Aunque se pueda considerar alta el pago de una indemnización de 10 millones de dólares, lo central del asunto, es que el Estado no podía rehuir su grado de responsabilidad.
Al final de cuentas, la muerte espantosa de tantas personas por ahora se resume a una condena de 40 meses de prisión para el dueño del autobús y el conductor.
Sin embargo, es probable que ese caso será elevado a instancias internacionales y entonces el Estado tendrá que cubrir su responsabilidad con el pago de una indemnización.