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EDITORIAL
Esquivando otra lista negra
Panamá decidió acceder a las presiones que realizaba la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), para intercambiar información fiscal con los 29 países que integran ese foro. Aunque existe preocupación en el sector servicios por los efectos que pueda generar ese acuerdo, la verdad es que no aceptarlo representaba un peligro para las operaciones que desarrolla el Centro Bancario Internacional que opera en Panamá.
El sector servicio aporta más del 61 por ciento al Producto Interno Bruto, y de esa cifra, el 14% corresponde a la banca, que el año pasado registró depósitos por 26,603 millones de dólares y activos que superan los 38 mil millones de dólares. Panamá es una de las 35 jurisdicciones calificadas como paraísos fiscales, de los cuales ya 28 han firmado acuerdos similares a los que debe aplicar nuestro país.
De no concretarse el compromiso con la OCDE, Panamá iba ser incluida en una nueva lista negra de países que no colaboran en los esfuerzos para combatir el lavado de dinero y la creación de sociedades ilegales.
El ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado pidió al Secretario General de la OCDE, Donald Johnston, que los mismos principios que se apliquen a Panamá rijan para los 29 países miembros de la OCDE, y a todos los que actualmente no los aplican, incluyendo a los grandes centros de servicios financieros internacionales europeos y norteamericanos. Estas condiciones son adecuadas, porque muchas jurisdicciones ven al centro bancario panameño como un fuerte competidor.
Las autoridades locales tambien deben reclamar que a Panamá no se le exija convertirse en un agente recaudador de impuestos a nombre de jurisdicciones extranjeras. También se debe advertir que la cooperación en intercambio de información tributaria debe ser a dos vías, ya que por años ha sucedido -sobre todo con Estados Unidos- que se suscriben acuerdos de asistencia mutua, pero cuando Panamá requiere datos para una investigación, la ayuda nunca llega.
Frente a los compromisos con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, el gobierno deberá iniciar los contactos con los diversos sectores políticos y empresariales, para lograr la aprobación de los proyectos que se requieren para adecuar nuestra legislación.
Ya en septiembre del año 2000 hubo un esfuerzo responsable en la Asamblea Legislativa para pasar un paquete de leyes, que también sirvieron para que el Grupo de Acción Financiera (GAFI), nos excluyera de la oprobiosa lista de naciones que no colaboraban en la lucha contra el lavado de dinero proveniente del narcotráfico y de otros ilícitos. Sin duda que el acuerdo con la OCDE afectará en algún grado nuestras ventajas como centro de servicios, pero no somos una isla y hay que adecuarse a las nuevas reglas del juego mundial. No nos podemos escapar.
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PUNTO CRITICO |
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