Tras casi dos horas de alegatos, el fiscal primero de Drogas, Javier Caraballo, solicitó al juez octavo, Raúl Vergara, la condena para el colombiano José Nelson Urrego Cárdenas y las otras personas señaladas por el supuesto delito de blanqueo de capitales.
La audiencia comenzó a las 10:15 de la mañana de ayer con los alegatos de Caraballo, quien comenzó a explicar cómo surgen las investigaciones contra Urrego y todos sus socios.
Caraballo inició su recorrido explicando cada uno de los procesos que se abrieron en Colombia y por el cual a Urrego se le aplicó la Ley de extinción de dominio, que no es más que la incautación de todos los bienes, ya que se sospecha que pudieron ser obtenidos de manera irregular.
Desglosó que desde el año de 1994 era investigado y fue condenado a 75 meses de prisión. Pero en el 2004 se decretó dentro de este caso una prescripción; sin embargo, el fiscal adujo que a pesar de eso, no se eximió a Urrego de sus responsabilidades penales.
Fue a partir de este punto donde precisó que la compra de la Isla Chapera que se dio en el año 2002, cuando los bienes y propiedades del colombiano aún eran investigados por las autoridades de ese país.
Se alegó que Urrego adquirió esta isla con dineros que introdujo al país de manera irregular, esquivando los rastreos que les estaban haciendo en Colombia.
Según el fiscal, la empresa Cuatro Ases de la Zona Libre de Colón fue la que sirvió de fachada para que Urrego adquiriera la Isla Chapera. Continuó sus alegatos indicando que para seguir lavando el dinero se crearon las sociedades Rasa Pura y Fundación Progreso Caribe e Intemcom, en las que no figuraba Urrego como el principal signatario.
Sobre Mirna Rodríguez, Caraballo indicó que estuvo vinculada a Lorena Henao Montoya cuando fue detenida en el país junto a su hermano Arcángel de Jesús Henao Montoya en la hacienda La Porcelana en el distrito de Chepo.
Explicó que fue la tesorera de la empresa Intemcom y de la cual también era la accionista del 51%.
A Rafael Jiménez lo acusó de mantener una relación comercial con Urrego y que a través de la empresa Cuatro Ases recibió más de 1.4 millones de dólares, dinero con el que se compró la Isla Chapera.
Mientras que cuestinó que Pedro Pablo Ospina a su corta edad tenía cuantiosas sumas de dinero que difícilmente podía justificar, por lo que calificado como un testaferro, para esconder los dineros de Urrego.
A Marisol Plaza se le acusó de ser la signataria de una cuenta que fue ubicada en el Banco Nacional, pero donde los beneficiados eran lo hijos de Urrego.
Caraballo dijo que la vinculación de Miguel Sierra se da como la persona que asesoró al colombiano a abrir las cuentas para depositar los dineros en la banca panameña.
La defensa de Urrego, Karina Tristán, explicó que su cliente llegó al país con la intención de invertir, además que los dineros invertidos en el país fueron lícitos.
Agregó que las sociedades anónimas que fueron abiertas estaban legamente constituidas, puesto que algunas de ellas hicieron transacciones con el gobierno. Detalló que Intemcom se ganó una licitación que concedió la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt).