Los continuos hallazgos de decenas de cadáveres enterrados en fosas comunes en México, una cifra que aumentó con el descubrimiento de 13 cuerpos más sepultados en Durango, mantiene conmocionado a un país que parece estar sembrado de muertos anónimos.
Las palabras del ahora ex gobernador del estado de Tamaulipas Eugenio Hernández, quien en agosto pasado dijo a una emisora local que en México debían "haber fosas comunes en muchas partes de Tamaulipas (noreste) y del país", parecen hoy premonitorias.
Hernández, quien abandonó el cargo en enero, aventuró esa hipótesis el año pasado cuando la Marina halló en el municipio tamaulipeco de San Fernando, los cuerpos de 72 inmigrantes indocumentados, la mayoría centroamericanos, masacrados en un rancho en agosto de 2010, un hecho que causó revuelo en el mundo.
El pasado 6 de abril, sin embargo, en el mismo municipio de San Fernando, los militares mexicanos encontraron más de 40 cadáveres en una fosa, cifra que empezó a aumentar exponencialmente en el transcurso de los días con los continuos hallazgos de nuevas fosas.
A la fecha, 145 cuerpos han sido desenterrados ya en San Fernando y sus alrededores, ante el asombro de las autoridades y de la opinión pública.
La Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía federal) de México atribuye la muerte de todos los enterrados en esas fosas a las acciones violentas del grupo narcotraficante "Los Zetas", uno de los más sanguinarios del país y que en Tamaulipas se disputa el control de las drogas con su antiguo aliado el cartel del Golfo.
Más macabro aún son las circunstancias en las que murieron la mayoría de esas personas, ya que, según las primeras investigaciones, buena parte de ellas eran pasajeros de autobuses que fueron interceptados por delincuentes.