El pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó archivar por improcedente una denuncia interpuesta ante el Ministerio Publico por los abogados de la empresa Fábrica de Formularios Continuos S.A. contra los Magistrados del Tribunal Electoral, por delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos.
En la denuncia se señalaba que los Magistrados del Tribunal Electoral, durante el proceso de adjudicación del concurso de precios de precios No.01-DCP-2003, relativo a la contratación de los servicios de la empresa que realizará la "impresión de las boletas únicas de votación y actas para los cargos de elección popular de Presidente de la República, Legisladores, Alcaldes, Representantes de Corregimiento y Concejales para las elecciones del 2 de mayo de 2004 ejecutaron ciertos actos que, a su juicio, constituyen delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos"
Sostiene el denunciante que, los Magistrados del Tribunal Electoral usurparon "las funciones de la Comisión Técnica Evaluadora al señalar que lo recomendado por ellos no era vinculante para el Tribunal Electoral, y posteriormente realiza una nueva valoración y calificación de los aspectos técnicos de las propuestas".
Por su parte, la Procuradora General de la Nación, encargada, licenciada Mercedes Araúz De Grimaldo, mediante vista no.12 de 5 de febrero de 2004 solicita a los Magistrados que integran el pleno de la Corte Suprema ordenen el archivo del "expediente contentivo de la denuncia, pues a su criterio, el denunciante no aportó la prueba sumaria que acredite los hechos punibles atribuídos a los Magistrados del Tribunal Electoral".
