La Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional una resolución del 19 de mayo del 2000, emitida por la Fiscalía Segunda Delegada de la Nación, dentro del proceso de secuestro seguido contra la empresa Charisma Enterprises S.A.
En las investigaciones, la Fiscalía Segunda Delegada secuestró penalmente los certificados de abono tributario expedidos a favor de "la Sociedad Charisma Enterprises S.A. que están en trámite y todavía no se hayan entregado a su beneficiario".
El secuestro e inspección ocular contra esa entidad comercial, guardaban relación con las exportaciones realizadas por esa empresa a partir de 1997, incluyendo facturas comerciales, guías de transporte, liquidaciones de aduanas, certificaciones de declaraciones de exportaciones, hojas de trabajo, facturas de pago a empresas navieras encargadas de realizar el transporte de mercaderías.
Sin embargo, los abogados de esa corporación comercial consideran que la medida cautelar de secuestro dictada por la Fiscalía Segunda Delegada hoy Fiscalía Segunda Anticorrupción viola el artículo 44 de la constitución nacional, que dice "se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la ley por personas jurídicas o naturales".
Tal acción les acarreó perdidas por 586,645.90 balboas y 2,143,088.00 a dos entidad privadas que realizaban transacciones con la empresa secuestrada.
