El Ejecutivo anunció la creación de un Fondo de Recompensa para pagarle a los informantes que den datos concretos sobre asesinatos, narcotráfico y otros delitos graves. La suma inicial será de 100 mil dólares.
La decisión pone de manifiesto el nivel de la criminalidad existente en el país y la falta de capacidad de las autoridades para frenar la violencia que se desborda, sobre todo en el área metropolitana.
La medida debe ser bien reglamentada y tendría que aplicarse en casos excepcionales, para prevenir que las autoridades obligadas a investigar y capturar a los delincuentes para someterlos a la justicia, no descansen su labor en los datos de un informante.
Lo de la recompensa no es nuevo en Panamá. Ya hubo ofertas de ese tipo durante la década del noventa. Esa es una modalidad que proviene del Viejo Oeste, cuando se ofrecía dinero por los asaltantes de diligencias, bancos y del ferrocarril en la Unión Norteamericana
Hace poco en Colombia, el gobierno de Álvaro Uribe acaba de pagar una suma millonaria por los informes suministrados para dar de baja a cabecillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Ojalá que la iniciativa del gobierno panameño produzca los frutos necesarios para esclarecer tantos asesinatos que se han registrado en el país y que hoy reposan en los archivos del Ministerio Público y del Organo Judicial, sin ninguna persona acusada.
Sin embargo, lo del Fondo de Recompensas no debe eximir a los funcionarios de investigar adecuadamente los casos, para sentar en el banquillo de los acusados a los infractores de la ley y así evitar que tantos crímenes queden impunes.