Recientemente, la Autoridad del Tránsito, en una de sus escasas acciones concretas para poner en cintura a los malos transportistas, realizó una serie de prueba antidoping a decenas de choferes de “Diablos Rojos” en la ciudad capital.
Ayer se hizo público que cuatro de esos choferes de las rutas de Santa Librada, Torrijos Carter y Cerro Batea dieron resultados positivos en los exámenes. Se comprobó que habían consumido marihuana o cocaína.
Se trata de un anuncio revelador, que nos explica hasta cierto punto cómo es que algunos de estos choferes pueden conducir de forma tan desordenada y peligrosa un bus repleto de personas, ignorando totalmente las reglas del manejo, y dejando a un lado la prudencia y el sentido de responsabilidad hacia los usuarios.
Si usted sube frecuentemente a buses de esta rutas, o lo hizo en días recientes, es probable que en algún momento le haya tocado poner su vida en manos de un hombre bajo la influencia de las drogas. Si estar borracho tras el volante ya es un peligro potencial, ¿cómo será ir a bordo de un transporte conducido por un cocainómano?
El sector transportista de este país, que se siente protegido detrás de los compromisos y deudas políticas con el partido político gobernante (y la clase política en general), tiene que entender que en esta lucha por mejorar el sistema de transporte no se pueden exigir todos los derechos y al mismo tiempo rechazar todas las responsabilidades.
No era necesario que la Autoridad del Tránsito tuviese que hacer estos tipos de pruebas para saber el perfil de quienes conducen los buses. Los dueños de cupos y piqueras deberían encargarse de esto. Pero volvemos a lo mencionado anteriormente: este sector se siente intocable. No les interesa supervisar el desempeño de sus choferes y rutas, o del mantenimiento de las unidades. Solo saben cobrar.
