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Volverá Brenda De Icaza a su cargo.  |
Como lamentable calificó el representante de Barrio Balboa, Leonardo Hernández, el fallo emitido por el Juzgado Segundo del Tercer Circuito Judicial, que ordenó el archivo del expediente en el que se acusaba a la alcaldesa separada de La Chorrera, Brenda De Icaza, del delito contra la administración pública.
La decisión de archivar el expediente del caso fue emitida por el juez Ricardo Mazza Moreno, debido a que las pruebas aportadas no cumplen con los requisitos que exige el ordenamiento jurídico para investigar a los funcionarios públicos.
Según Hernández, con esto no se demuestra la inocencia o no de la alcaldesa separada De Icaza, sino que no fueron aportadas las pruebas suficientes en el caso.
El nueve de febrero de 2001 el edil Leonardo Hernández interpuso una demanda ante la Fiscalía Primera del Tercer Circuito Judicial de Panamá, en contra de De Icaza, por el supuesto delito de abuso de autoridad y posible lesión patrimonial, en perjuicio del Municipio de La Chorrera.
La denuncia se fundamentaba en que De Icaza había vendido varios lotes de terreno colindantes con la avenida de Las Américas por un valor catastral de B/.5.00 el metro cuadrado, siendo este inferior al establecido mediante acuerdos y el reglamento interno del Concejo, para la venta de los lotes.
El archivo del expediente en contra de la alcaldesa separada de La Chorrera, Brenda De Icaza, se da luego de que la Fiscalía Primera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación recomendara al juzgador de la causa dictar un auto ordenando el archivo del sumario.
Hernández dijo que efectuaría varias consultas con sus abogados para establecer la posibilidad de subsanar las fallas técnicas cometidas en la aportación de pruebas y solicitar el reinicio del proceso en contra de De Icaza.
Agrega que a lo largo de las investigaciones iniciales en el caso, nunca se le advirtió a él o a su abogado de la existencia de tales fallas, que pudieron haber sido corregidas.
El Artículo 2467 del Código Judicial, establece que en los delitos de abuso en el ejercicio de funciones oficiales, si el denunciante no aporta las pruebas sumarias o si éstas fueran deficientes, lo procedente es ordenar el archivo del sumario. |