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Los obstáculos en el acceso a la justicia se constituyen en el principal problema que afecta actualmente la calidad del sistema judicial en Panamá. A esta conclusión fue la que llegó el asesor principal en Justicia del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Jorge Obando, en su informe sobre el funcionamiento del sistema de justicia en Panamá, el cual fue presentado ayer a autoridades judiciales.
"La mayor falacia mostrada por el sistema, en la que ampliamente coinciden las personas entrevistadas, es el grupo de obstáculos que de manera creciente se han acumulado para evitar el acceso al servicio de justicia de grupos vulnerables (pobres, mujeres, indígenas) y del sector privado", explica.
Algunos de estos obstáculos son: la falta de un extenso, capacitado y adecuado grupo de defensores de oficio; el desconocimiento popular sobre los derechos de la gente y cómo ejercerlos; el excesivo costo de los trámites legales para los grupos económicamente empobrecidos; el trato "muy poco amistoso" por parte de los funcionarios a los usuarios; entre otras.
En otra de deficiencias encontradas, Obando señala que "el sistema de administración de justicia en Panamá no está incidiendo ni suficiente ni adecuadamente en los procesos nacionales de gobernabilidad democrática, de reforma del Estado, de inserción en la economía globalizada ni de tutela de los recursos humanos fundamentales".
Obando propuso como acción inmediata la organización de un debate nacional para el mejoramiento de la justicia. Como acción a corto plazo, recomendó la formulación e implementación de un programa de fortalecimiento del acceso a la justicia; y a mediano plazo, la inclusión de una iniciativa de seguridad jurídica. |
