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EDITORIAL
Prisión para pistoleros
El gobierno presentó anoche a la Asamblea Legislativa un proyecto que busca endurecer las penas a las personas que porten armas sin los respectivos permisos. Sin duda, la iniciativa busca reducir la ola de asesinatos que cada año se perpetran en el país.
Las estadísticas de los organismos de seguridad revelan que el 66 por ciento de los asesinatos que se registran en Panamá, se cometen con armas de fuego que no han sido registradas ante las autoridades competentes.
Cada año se incautan casi 4,000 armas de fuego sin registros o con la serie borrada. La tenencia ilegal de armas que antes se consideraba como una falta administrativa, ahora será sancionada con prisión de hasta siete años.
Hasta ahora en Panamá sólo el tráfico de armas de guerra era investigado penalmente, pero con la reforma aprobada ayer por el Gabinete y propuesta a los legisladores, se pretende sancionar la tenencia ilegal de cualquier tipo de arma de fuego.
Por años el tráfico de armas de guerra no tenía mayores repercusiones de violencia a lo interno en Panamá, pero la existencia de revólveres y pistolas en manos de las bandas locales, estaba constituyendo un elemento fundamental en los asesinatos que se cometen a diario.
Las bandas que operan en Curundú, Barraza, San Miguel, San Miguelito y Colón están dotados de este tipo de armas, con las que siembran luto en las familias panameñas, por eso se espera que se desarrollen operativos efectivos para sacarlas del mercado y arrestar a los poseedores de éstas.
El proyecto no exime de responsabilidad a los menores que mantengan en su poder armas ilegales, ya que para nadie es un secreto que algunos jóvenes que andan sin Dios ni sin ley, son los autores de un porcentaje apreciable de los homicidios.
La Policía y la PTJ ahora estarán dotadas de un instrumento que debe reducir el nivel de la criminalidad, pero también hay que reconocer, que las sanciones en sí, no disminuirán la tenencia de armas no registradas.
El maleante siempre buscará la forma de burla las disposiciones legales, pero para eso deben estar las acciones preventivas de las autoridades. La comunidad también debe jugar su papel en denunciar las casas, cuyos dueños mantengan armas ilegales que se utilizan para cometer fechorías.
El reducir los niveles de violencia en el país es una tarea colectiva y no sólo de las autoridades de policías. Saquemos las armas de las calles, así quizás estemos evitando que el luto llene de tristeza a más hogares panameños.
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PUNTO CRITICO |
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